Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a tres personas como presuntos responsables de los delitos societario, falsedad documental, grade de subvenciones y pertenencia a grupo criminal. El cuarto detenido es un constructor detenido como presunto autor de los delitos de falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal. Los principales investigados son el antiguo administrador único y propietario de un grupo empresarial y un familiar responsable del área financiera y contable que recibieron ayudas públicas por valor 1.600.000 euros del que solo se proyectó el esqueleto de la nave que pretendía ser el motor de despegue al mercado internacional de la mercantil gaditana.
Los hechos fueron denunciados ante el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María (Cádiz) en el año 2017 por la actual directiva de un grupo empresarial que era principal proveedor del sector aeronáutico de la Bahía de Cádiz. Los directivos interpusieron la denuncia tras recibir una reclamación del Ministerio de Industria para proceder a la devolución de tres “Préstamos a la Reindustrialización” con un valor total de 1.600.000€, otorgados para la aplicación de fondos para la reindustralización de la Bahía de Cádiz.
Las ayudas fueron solicitadas por la anterior directiva del grupo empresarial entre los años 2013-2014, para la creación de un nuevo centro productivo en el Parque Tecnológico “Tecnobahía” de El Puerto de Santa María, así como la adquisición de maquinaria para el avance tecnológico del grupo empresarial, con el que se esperaba aumentar la producción y por tanto la facturación anual del grupo.
Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de El Puerto de Santa María tras meses de investigación, acreditaron la vinculación existente entre varios cargos directivos del grupo empresarial. Tres de los investigados manipulaban las facturas emitidas por sus proveedores, que posteriormente utilizaban para justificar ante el Ministerio de Industria, la aplicación de los fondos otorgados por las ayudas públicas. El cuarto detenido, conocido constructor de la localidad de Espera, llegó a facturar al grupo, cerca de medio millón de euros, por trabajos nunca realizados y de los que llegó a cobrar más de cien mil euros.
Los agentes han descubierto que veinticinco empresas proveedoras se vieron afectadas por la manipulación de sus facturas, desconociendo estos extremos hasta el desarrollo de la presente investigación. Las facturas falsas conseguían dar apariencia de legalidad ante los ojos de los inspectores del Ministerio de Industria, ya que el dinero circulaba entre las cuentas bancarias de las distintas mercantiles del grupo, saneando sus descubiertos bancarios de cara a nuevos inversores.
Estas facturas fueron presentadas en Hacienda, si bien, nunca se efectuaron los pagos por IVA, hecho que aún ha agravado más la situación financiera a la actual directiva del grupo, que debe hacerse cargo de esta deuda ante la Agencia Tributaria más los correspondientes recargos, cifra que ascendió a cerca de medio millón de euros.
Los investigadores cifran en dos millones y medio de euros los perjuicios generados por la anterior directiva del grupo empresarial y que han llevado a estos a solicitar el bloqueo de 24 cuentas bancarias y el embargo preventivo de 17 inmuebles y 11 vehículos para garantizar el pago de las responsabilidades civiles de los detenidos.
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