El Gobierno ha reaccionado tras el descontrol registrado el fin de semana pasado por el final del estado de alarma, con los macrobotellones y aglomeraciones registrados en varias ciudades. Se ha abierto a hacer «cambios legales» para afrontar la pandemia e incluso a apoyar un nuevo estado de alarma si alguna comunidad lo pide.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido en una tribuna publicada en el diario El País que es «razonable que si hay disparidad de criterios» sea el Alto Tribunal el que «marque la pauta común». «¿Quién si no iba a hacerlo?», se ha preguntado.
Con todo, Campo ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de que el Ejecutivo realice modificaciones legales adicionales que sean propuestas a las Cortes, como ha pedido el Partido Popular, que solicitaba un plan jurídico alternativo ante el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo.
Asimismo, el titular de Justicia ha recordado que los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio. «Una posibilidad específicamente prevista» en la «legislación» que el Gobierno «ya se ha comprometido a apoyar», ha señalado.
En esta línea, Campo ha dejado claro que hoy por hoy no hay «ni jueces gobernando, ni dejación de responsabilidades o abandono de los gobiernos autonómicos». «Lo que hay, simplemente, es una buena noticia. Salimos de la excepcionalidad, porque la situación sanitaria lo permite, y volvemos a normas ordinarias de nuestro Estado de derecho», ha sostenido.
Así, el ministro ha lamentado que la oposición haya «jugado en todos estos meses a la contra», utilizando «la pandemia como oportunidad para el ataque político permanente». «Pero la irresponsabilidad y la deslealtad de la oposición no eximen de responsabilidad al Gobierno. El derecho de excepción solo debe permanecer el tiempo que resulte absolutamente imprescindible», ha añadido.
Un nuevo estado de alarma
Con todo, y pese a abrirse a cambios legislativos, Campo ha insistido en que los presidentes autonómicos cuentan con «mecanismos suficientes» en el ordenamiento jurídico para afrontar «la fase de la pandemia» actual. «Esa normalidad pasa porque las autoridades vuelvan a ejercer, fuera ya del estado de alarma, sus competencias en salud pública», ha zanjado.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha opinado que «en este momento no toca» un estado de alarma generalizado, si bien ha precisado que, «si el lehendakari o cualquier presidente autonómico lo plantease» para su comunidad, «el Gobierno lo estudiaría y lo apoyaría».
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el ministro ha insistido en que, tras la conclusión del estado de alarma el pasado día 9, hay «instrumentos suficientes» para tomar las medidas que eviten la expansión de la pandemia.
De este modo, ha afirmado que, si bien el estado de alarma permite el toque de queda y la perimetración «extensiva», sí hay, «hasta llegar a este punto, muchísimas medidas» que las comunidades autónomas pueden adoptar.
Asimismo, ha recordado que se ha abierto la posibilidad de que las comunidades recurran en casación al Tribunal Supremo, ante los criterios «no homogéneos» de los tribunales superiores de justicia sobre las restricciones que adoptan. «Si viésemos que eso no funciona suficientemente, habría que ver si corresponde tomar alguna reforma legislativa», ha señalado en la línea con lo expuesto por el ministro de Justicia.
Iceta ha explicado que también las comunidades pueden pedir que se aplique el estado de alarma en su territorio, aunque, por su parte, ha opinado que «no es momento de estado de alarma». «Yo creo que en este momento no toca pero si el lehendakari o cualquier presidente autonómico lo plantease, el Gobierno lo estudiaría y lo apoyaría», ha asegurado.
Respecto a la posibilidad de un estado de alarma para todo el estado, ha manifestado que, «en estos momentos, no se plantea» y no se prevé que «se pueda reanudar en los próximos meses», si bien ha precisado que «desde luego las autoridades sanitarias tienen que ir reaccionando conforme la evolución de la pandemia.
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