El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que no tiene previsto convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos ante el final del estado de alarma el 9 de mayo e insistió en que disponen de suficientes herramientas legales para frenar la pandemia.
Sánchez reafirmó su intención de no prorrogar la alarma y de que sea el Consejo Interterritorial, donde participa el Ministerio de Sanidad y las autonomías, el que dicte las medidas una vez que decaiga. Esta postura la expuso en la rueda de prensa al término de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Andorra.
Recordó que en los primeros meses de la crisis sanitaria convocó en numerosas ocasiones a los dirigentes autonómicos, «y algunos se quejaban por eso», y que tras el segundo estado de alarma, se optó por delegar en el Consejo Interterritorial.
«Es el instrumento de cogobernanza que nos hemos dado para el estado de alarma y lo que venga después del 9 de mayo. Es el espacio que desde un punto de vista técnico y político se tienen que decir las medidas», sostuvo Sánchez para rechazar la reunión con los presidentes territoriales, como han solicitado algunos de ellos.
Admitió que sin estado de alarma, no es posible el toque de queda, pero sí establecer medidas como los confinamientos perimetrales que ya han sido avaladas por los tribunales superiores de justicia, sobre los que Sánchez «rompió una lanza» por haber respaldado en una amplia mayoría las decisiones de las autonomías.
Con todo ello, añadió que la intención es abrir una nueva fase el 10 de mayo al insistir en que las regiones tienen «suficientes instrumentos jurídicos y herramientas legales» para hacer frente a la pandemia en el estadio en la que se encuentra.
Sánchez subrayó que, a pesar de la situación dispar de los distintos territorios, la evolución de los datos invitan a prever «una cierta contención» en la curva de contagios.
A ello sumó que el proceso de vacunación está cogiendo cada vez más velocidad, por lo que se va a cumplir el objetivo de tener inmunizada al 70 por ciento de la población a finales de agosto.
Respecto al anuncio de que España va a donar este año 7,5 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 a países de América Latina, puntualizó que «no va a ser ningún freno» al plan de vacunación del Gobierno.
A su juicio, los datos evidencian que el objetivo de que a finales de agosto esté inmunizado el 70 por ciento de los españoles se está cumpliendo, lo que permite ser solidarios con los países iberoamericanos.
«Estamos en condiciones de combinar la garantía lógica de nuestros compatriotas para vacunarse con un ejercicio de solidaridad. En una pandemia global, está fuera de toda duda la necesidad de vacunar a toda la población global», argumentó.
Sánchez reiteró además la disposición de España para liderar en el seno de la Unión Europea (UE) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) un debate sobre las patentes con el fin de que haya un acceso equitativo y universal por parte de todos los países.
«Es una cuestión importante y urgente», añadió el presidente sin dar más detalles de hasta donde va a llegar la iniciativa del gobierno para liberar las patentes de las farmacéuticas.
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