La dirección de CaixaBank ha anunciado este martes que considera, tras la integración de Bankia, poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo para 8.291 empleados. Según el comunicado hecho público por la entidad, la decisión se debe a «motivos productivos y organizativos, dadas las duplicidades y sinergias derivadas de la fusión y las circunstancias actuales del mercado».
Los criterios que se aplicarán para «determinar la afectación del proceso» serán la «voluntariedad» («como criterio preferente, aunque siempre teniendo como límite máximo el cupo de excedente identificado en cada territorio o área funcional y estableciendo medidas que eviten el desequilibrio generacional». Además, «el porcentaje de personas trabajadoras mayores de 50 años que se adscriban voluntariamente al plan de bajas no podrá superar el 50% del total de salidas») y la «meritocracia» («criterio que se aplicará en segundo término, tras la aplicación de la voluntariedad que garantice el equilibrio generacional»).
Durante la reunión, también se han abordado la propuesta de indemnización y el compromiso de llevar a cabo un plan de recolocación y acompañamiento de los afectados «para facilitar su incorporación y adaptación a un nuevo puesto de trabajo». Por otro lado, se ha presentado «una propuesta de cambios en las condiciones laborales para avanzar hacia un marco de condiciones sostenible y unificado». Tienen que ver con «la remuneración y la previsión social», a la par que con «la flexibilidad necesaria para avanzar en el modelo de negocio y mantener la sostenibilidad de la red rural».
Los empleados mantendrán sus actuales condiciones hasta que entre en vigor este nuevo marco. Una vez que este se aplique, la intención de CaixaBank es «que los empleados mantengan su remuneración actual, salvo que las nuevas condiciones acordadas supongan una mejora». Los nuevos empleados que lleguen a la entidad en un futuro lo harán bajo las nuevas condiciones.
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