La Fiscalía de Madrid ha recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la sentencia que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de un delito de falsedad en documento oficial en el caso ‘Máster’, solicitando que se repita el juicio por «insuficiencia e irracional motivación fáctica», han informado fuentes fiscales.
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid determinaron que no resultaba probada «ninguna intervención» de Cifuentes en el delito del que había sido acusada, pero sí respecto a las otras dos acusadas; la profesora Cecilia Rosado y la ex asesora María Teresa Feito.
«Las sospechas legítimas que pudieran existir, no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes», recogía la resolución impugnada ahora por la Fiscalía.
En el juicio, la fiscal Pilar Santos solicitó una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento, dado que era «la única, la primera y la última beneficiaria» de esa falsificación.
Cifuentes defendió que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012 sin exponerlo ante el tribunal, sin dudar de la veracidad del acta que le dio la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para demostrar su inocencia en un vídeo que colgó en su cuenta de Twitter.
En su recurso, el Ministerio Público esgrime que «todo acto tiene una razón de ser» y que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien «impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento».
A juicio del Ministerio Fiscal, la resolución impugnada «adolece tanto de insuficiencia como de falta de racionalidad en la motivación fáctica» puesto que para llegar a la conclusión absolutoria se han omitido indicios de manera «incongruente» y «contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio».
Por eso, se solicita tanto la anulación del fallo «ante la vulneración de las normas constitucionales por insuficiencia e irracional motivación fáctica que lleva al pronunciamiento absolutorio» como la devolución de las actuaciones «al órgano que dictó la sentencia recurrida para un nuevo enjuiciamiento de la causa, con una composición distinta de la Sala».
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