El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este mediodía un acto en el que una apisonadora ha destruido cerca de 1.400 armas incautadas durante décadas por las fuerzas de seguridad a organizaciones terroristas, en su mayoría a ETA, aunque también habrá armamento intervenido a GRAPO.
La destrucción simbólica de estas armas se ha celebrado en el colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil de Valdemoro, en Madrid, en un acto en le que han estado presentes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes de los gobiernos vasco y navarro, así como del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal .
También está prevista la presencia de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de varias policías autonómicas, funcionarios de Instituciones Penitenciarias y Fuerzas Armadas.
Al acto han sido invitados representantes de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, entre ellas Dignidad y Justicia, que ha declinado la asistencia al considerar su presidente, Daniel Portero, que se trata de «una maniobra publicitaria» del Ejecutivo de Sánchez para tratar de «tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo».
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) también había anunciado que no acudiría a un acto que considera «propagandístico», al tiempo que ha recordado que «más de la mitad de los crímenes de ETA siguen sin resolver».
En un comunicado, Covite sostiene que la celebración de este tipo de actos «propagandísticos» tienen como objeto ocultar el «rotundo fracaso» del Estado de derecho con las víctimas del terrorismo, especialmente con las de ETA, a «más de la mitad» de las cuales «se les han negado sus derechos a la verdad y a la justicia».
«¿Cómo vamos a ir a un acto público en el que se destruyen las armas con las que han asesinado a nuestros familiares? ¿De verdad alguien cree que esto es motivo de celebración?», se pregunta la presidenta de este colectivo, Consuelo Ordóñez.
«Jamás iríamos a un acto público en el quese destruyen pruebas que han podido servir para esclarecer los asesinatos de nuestros familiares. Nos han asegurado que las armas que se van a destruir ya no tienen valor judicial para futuras investigaciones, pero es lógico que tengamos dudas sobre si servirían para esclarecer alguno de los más de 350 crímenes de ETA que todavía están sin resolver», recalca Ordóñez en el comunicado.
Recuerda, en este sentido, «las alarmantes cifras de impunidad de los crímenes de ETA», después de que de un total de 362 asesinatos con sentencia «sólo en 24» hayan sido condenados «todos sus responsables: autores materiales, colaboradores necesarios, cómplices y autores intelectuales».
La organización de este acto ha sido impulsada por el Ministerio del Interior y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, cuyo patronato encabeza el presidente del Gobierno.
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