La Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena que impuso el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid contra la líder de Anticapitalistas en Andalucía, Teresa Rodríguez, a pagar 5.000 euros a los herederos del que fuera ministro franquista José Utrera Molina por atribuirle en un tuit la responsabilidad del «asesinato» de Salvador Puig Antich en 1974.
De esta manera, y en una sentencia fechada el pasado 6 de octubre y consultada por Europa Press, la citada sección de la Audiencia de Madrid ha desestimado el recurso de apelación que presentó Teresa Rodríguez contra dicha sentencia del Juzgado de Primera Instancia madrileño que en mayo de 2019 la condenó a eliminar dichos comentarios de su cuenta en Twitter, a publicar la sentencia en dicha red social, y a abonar la cantidad de 5.000 euros, «más los intereses legales desde la interposición de la demanda».
«Hoy hace 44 años de la ejecución a garrote vil de Salvador Puig Antich. De entre los responsables de su asesinato Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado el año pasado al son del cara al sol por miembros del mismo partido. Ellos siguen, [email protected] también», publicó Teresa Rodríguez en su cuenta de Twitter el 2 de marzo de 2018, según se recoge en la sentencia de la Audiencia madrileña.
Para el tribunal de la citada sección de la Audiencia de Madrid, la «imputación de la responsabilidad de un asesinato, como se califica la ejecución a garrote vil del Sr Antich Puig», supone un «atentado al honor», en tanto que, «al margen de que ni (…) Utrera Molina intervino en el dictado de la sentencia que condenó a aquél a pena de muerte, ni pudo decidir sobre el posible indulto del mismo en tanto que la prerrogativa del derecho de gracia era facultad exclusiva del Jefe del Estado en ese momento».
De este modo, hacer a Utrera Molina «responsable de su ‘asesinato’, por el contenido y carga ofensiva que conlleva la utilización de tal expresión, y la carga vejatoria en la concepción social de tal término, no tiene justificación en la libre crítica que puede y sin duda debe realizarse de determinados momentos históricos o regímenes políticos», según se lee en la sentencia de la Audiencia de Madrid, contra la que cabe recurso de casación.
Añade ésta además que «la crítica política no justifica la utilización de expresiones como la publicada en el tuit» de Teresa Rodríguez, «conllevando la expresión utilizada más que una crítica política a un régimen político o a la actuación de quien hubiera tenido participación activa en él, una forma de desacreditar con términos injuriosos a una persona», motivos por los que la Audiencia de Madrid ha acordado desestimar el recurso de apelación de Teresa Rodríguez.
«Solidaridad» con Teresa Rodríguez de diputados de Adelante
La portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Ángela Aguilera, se ha referido a esta sentencia en una rueda de prensa tras una reunión del grupo parlamentario en la que, según ha explicado, éste ha acordado expresar su «total solidaridad con la compañera Teresa Rodríguez, a la que la Audiencia de Madrid insiste en seguir condenando por defender la libertad de expresión en un Estado de Derecho», según ha apuntado.
Para Ángela Aguilera, «esta confirmación de sentencia lo único que viene a demostrar es la necesidad de transformación, de modificación, de limpieza, y de un cambio realmente democrático en todas las instituciones».
Además, la posición del tribunal madrileño es «un ataque a la memoria histórica y, sobre todo, la libertad de expresión», según ha continuado la diputada de Adelante y representante de Anticapitalistas, que ha tachado de «inadmisible que instituciones democráticas castiguen a quien hace ejercicio de su libertad de expresión» e «indique hechos que son claramente constatables», como que «un ministro franquista manda matar a una persona».
Por todo ello, Aguilera ha trasladado, en nombre de los diputados de Adelante, su «absoluta solidaridad» con Teresa Rodríguez, y ha avisado de que «se van a seguir presentando los recursos» necesarios «para seguir sosteniendo el derecho que le asiste» a la que fuera coordinadora de Podemos Andalucía para ejercer su «libertad de expresión ante los tribunales».
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