El ministro de Sanidad, Salvador Illa, admitió ayer al fin que la única posibilidad jurídica para aprobar toques de queda parciales en España es reactivar el estado de alarma. Es indudable que la pandemia ha vuelto a alcanzar cotas de contagio más que preocupantes y que la cercanía del frío agravará sus consecuencias. Los toques de queda son medidas excepcionales, restrictivas de libertades esenciales, y como tal deben aceptarse si objetivamente contribuyen a aminorar la densidad de la tasa de contagio. El problema para el Gobierno vuelve a ser doble: de índole jurídica, porque durante más de seis meses no se ha molestado en legislar para disponer de instrumentos legales que faciliten la aplicación de medidas como esta; y de índole política, porque volverá a verse forzado a requerir la autorización del Congreso a un nuevo decreto de alarma. En primavera, Pedro Sánchez prorrogó la alarma durante sucesivas votaciones parlamentarias, hasta alcanzar casi cien días de excepcionalidad.
Ahora es incierto pronosticar cuánto duraría la nueva etapa, pero Illa ya avanzó que necesitará el apoyo del PP, porque es previsible que de otro modo los números no le cuadren a Sánchez. Si la pandemia no se estabiliza, será lógico que el Gobierno recurra a la ayuda parlamentaria del PP, y también que Pablo Casado asuma el desafío de negociar con Sánchez para garantizar la salud pública. Pero sin más engaños. Mucho tendrá que cambiar Sánchez. Su deslealtad hacia parte de la oposición, su afán de protagonismo, sus imposiciones, el valor nulo de su palabra y los «pactos de La Moncloa» que jamás promovió configuraron todo un monumento a la demagogia. Ahora no puede ocurrir lo mismo, y tendrá que dar la cara en el Congreso en lugar de refugiarse en la mesa del Consejo de Ministros. Como adelanta los compañeros de ABC.
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