El Gobierno de España ha retomado su anteproyecto de ley contra el fraude fiscal después de que el adelanto electoral del año pasado finiquitara la tramitación parlamentaria de esta norma que mantiene medidas como la limitación de los pagos en efectivo. El Ejecutivo quiere bajar de 2.500 a 1.000 euros el uso de billetes y monedas para operaciones entre empresas y profesionales. Los particulares podrán seguir pagando en efectivo hasta 2.500 euros.
A pesar de que se trata de una medida dirigida a los profesionales, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, señalaba ayer que el objetivo de Gobierno es seguir disminuyéndolo para los ciudadanos de a pie, para así «bajar a la mínima expresión» los pagos en efectivo y tener trazabilidad de todas las operaciones.
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