La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, María del Carmen Lara, denuncia que el Gobierno de España en la ciudad de El Puerto de Santa María haciendo un prorrateo aritmético simple de los datos facilitados a nivel provincial sólo habría aprobado en El Puerto unas 35 solicitudes de Ingreso Mínimo Vital de las 1969 presentadas.
Lara, que extrae los datos de una proyección porcentual de las cifras provinciales facilitadas por el Gobierno a una pregunta parlamentaria de la diputada popular por Cádiz María José García-Pelayo, afirma que “toda vez que las solicitudes aprobadas representan únicamente el 1,7% de las presentadas, son los recursos financieros propios del Ayuntamiento los que están atendiendo al 98,3% de las personas necesitadas que tiene El Puerto de Santa María”.
La concejal de Servicios Sociales recuerda que “cuando comenzó la pandemia y empezamos a aprobar modificaciones de crédito que situaron la partida de emergencia social en 1,2 millones de euros, algunos técnicos nos decían que era imposible gastar ese dinero porque recibiríamos ayuda de otras administraciones, tal y como ocurrió en ocasiones anteriores con la crisis económica”, concluyendo que “nosotros, bajo el buen criterio de nuestro alcalde, Germán Beardo, sabíamos que, con el Gobierno que tenemos en España, no iba a llegar esa gran ayuda, por lo que llevamos a cabo unas modificaciones que finalmente se han demostrado necesarias”.
Lara, quien recalca que, según datos oficiales, únicamente se han aprobado en la provincia el 1,7% de las solicitudes de percepción del Ingreso Mínimo Vital, pues de las 33.041 presentadas se ha dado luz verde únicamente a 589, culpa al PSOE y a Podemos de “tomar el pelo a las personas más vulnerables” y pide al Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez y su socio Pablo Iglesias a que “agilice el procedimiento para la concesión del Ingreso”; instando a que sus representantes locales, David de la Encina y Alejandro Gutiérrez, den las explicaciones oportunas a los portuenses de la gestión que está realizando el Gobierno de España de este recurso.
La edil acusa al Gobierno de justificar dichas cifras escudándose en argumentos como una mala presentación de la documentación o un intento de engaño por parte de solicitantes, tildando de “lamentable” que un partido político “que se califica a sí mismo como progresista y solidario utilice a las personas que lo pasan mal, intentando comprarlas a cambio del Ingreso Mínimo Vital y dejándolas después tiradas en la estacada”.
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