El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaraba nulo de pleno derecho el PGOU de El Puerto, que data del año 2012.
El alcalde portuense, Germán Beardo, considera que es «una excelente noticia, ya que volvemos a superar un nuevo trámite y demuestra una vez más que el Ayuntamiento de El Puerto ha hecho lo correcto pues es obvio que el interés casacional existía y el trabajo realizado en este sentido está dando sus frutos».
Con la admisión formal en la Sala de lo Contencioso sección quinta del Tribunal Supremo, señala el primer edil de la ciudad, «se mantiene el clima de esperanza, mientras se continúa trabajando paralelamente en la redacción del nuevo PGOU, que es un documento donde se define un modelo de ciudad más compacto y, por tanto, más sostenible económicamente, más equilibrado con las actuales expectativas de crecimiento y por lo tanto más real y más respetuoso con el Medio Ambiente, que se ha convertido en el protagonista indiscutible del Planeamiento y de la concepción de las ciudades».
Beardo recuerda que «desde el primer momento el equipo de Gobierno entendió que había argumentos suficientes para recurrir los tres motivos que recogía la sentencia: falta de integridad en el Plan General de Ordenación Urbana, falta de evaluación ambiental estratégica y falta de informe de sostenibilidad económica».
El alcalde destaca que el Tribunal Supremo «ha entendido que el recurso presentado por El Puerto tiene la suficiente trascendencia casacional para ser admitido a trámite, ya que tumba un Plan General de Ordenación Urbana en su totalidad e integridad por haber sido aprobado de forma parcial mediante cuatro órdenes de la Junta de Andalucía, que siempre hemos mantenido que se ajustan a la legalidad».
También indica que «la admisión del recurso de casación el avance del planeamiento que van paralelos en el tiempo, acorde al crecimiento real de la ciudad, a las nuevas normativas y salvaguardando los desarrollos existentes, nos aporta sostén para la gobernabilidad urbanística de la ciudad y ofrece máxima seguridad y confianza tanto para los inversores como para los vecinos y los distintos procesos urbanísticos que se están desarrollando en la actualidad».
Por tanto, el actual Plan General de Ordenación Urbana, concluye Germán Beardo, «sigue vigente y los derechos consolidados de propietarios de suelos que han cumplido con las obligaciones urbanísticas previstas en una Ley como es un Plan General son ciertos y no se pueden ver vulnerados de manera arbitraria. La mayor garantía para todas las ciudades es que los usos del suelo para un desarrollo sostenible estén garantizados por un Plan General”, afirma.
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