El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz va a solicitar a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y a la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico que exima al Consistorio gaditano del pago del canon por el uso de distintos espacios de la playa y de terrenos portuarios durante el Estado de Alarma.
En total, el importe que abona el Ayuntamiento de Cádiz por estos conceptos asciende a medio millón de euros anual. El Consistorio gaditano reclama la «comprensión» de estas dos administraciones, toda vez que actualmente el Ayuntamiento de Cádiz no puede desarrollar ninguna actividad en estos suelos por los que, sin embargo, sigue pagando durante el Estado de Alarma.
Así, solicita tanto a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz como a la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, dependiente del Gobierno, que active esa medida consistente en la exención del pago con el Ayuntamiento de Cádiz tal y como el Consistorio va a hacer, a su vez, con quienes abonan tasas por ocupación de vía pública en Cádiz y no pueden ejercer su actividad durante este periodo.
«Sería una medida consecuente, proporcional y justa, porque además el Ayuntamiento de Cádiz ya ha hecho ese mismo esfuerzo en su escala, aún siendo una de las administraciones públicas peor financiadas y que, sin embargo, está impulsando más medidas de inversión social para que las gaditanas y gaditanos afronten la crisis del Covid-19 con más garantías», ha señalado el concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez.
En este sentido, Páez anima a estas dos administraciones que siguen cobrando el canon al Ayuntamiento de Cádiz durante el Estado de Alarma a que «arrimen el hombro, ayuden y aporten su granito de arena para que entre todas podamos superar esta situación tan difícil y complicada».
«Estamos hablando de medio millón de euros de todas las gaditanas y gaditanos que van a parar ahora a unas instituciones por el uso de unas instalaciones que ahora no pueden desarrollar las actividades previstas, expone el edil, quien resalta que «es más necesario, en lugar de pagar por unas instalaciones que no se pueden utilizar o que se están utilizando para colectivos más vulnerables, abordar nuevas medidas de inversión social para hacer frente a los efectos que la actual crisis sanitaria y socioeconómica está teniendo en Cádiz».
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