Mientras continúa la batalla por doblegar la curva del coronavirus, en España también se lucha por garantizar el acopio de suministros. Agentes de la Policía Nacional adscritos a Galicia han detenido a un empresario de Santiago de Compostela por su supuesta implicación en el robo de cerca de dos millones de mascarillas, entre otro material sanitario, en una nave situada en el polígono del Tambre. La empresa, que se dedica a la venta de material sanitario, está actualmente en situación concursal y el valor de lo sustraído ronda los cinco millones de euros, informó la Xunta, de quien depende esta unidad policial
Según apunta la misma fuente, el robo pudo haberse producido cuando la pandemia de coronavirus ya estaba presente en varios países y era considerado un problema de salud pública, por lo que los autores del robo «eran plenamente conscientes de que este era un material muy necesario en la lucha contra la enfermedad y que ya comenzaba a escasear en el mercado». De hecho, los presuntos ladrones se hicieron con los materiales que más demanda tienen actualmente y dejaron otros que no están tan solicitados, como botas o botiquines.
Paralelamente, la Guardia Civil investiga a una mujer por llevarse a su marido a la fuerza del hospital de Villamartín (Cádiz) en el que había ingresado por presentar sintomatología compatible con coronavirus. El hombre permanecía en una zona de aislamiento a la espera del resultado del test cuando su esposa irrumpió de forma violenta insultando y enfrentándose con malos modos a los facultativos que atendían a los allí ingresados. Las patrullas de servicio localizaron a la pareja en el hospital de Ronda y se investiga a la acusada como presunta autora de un delito de desobediencia.
Con más de 130.759 contagiados y 12.418 muertos, España ya es el país de la Unión Europea con más casos de Covid-19 y el segundo en todo el mundo, sólo por detrás de Estados Unidos. No obstante, los últimos datos difundidos por Sanidad dejaron buen sabor de boca gracias, en parte, a la cantidad de recuperados en el país, que ya supera las 38.000 personas (29% con respecto al total), una cifra de altas mucho mayor en comparación con otros países afectados que, desde el Gobierno, han calificado de «esperanzadora».
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