A partir del 1 de enero, la autopista que une Cádiz y Sevilla, que figura entre las que tiene más tráfico de toda España, suprimirá el cobro a los conductores casi medio siglo después de su inauguración. También se levantarán las barreras de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante como consecuencia dela conclusión del contrato de concesión de su explotación que actualmente tiene Abertis y su consecuente reversión al Estado.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tiene previsto visitar este lunes el peaje de la AP-4 con motivo de su reversión al Estado, justo el penúltimo día de cobro. La AP-4 y la AP-7 son las segundas autopistas de peaje que pasan a ser gratuitas después de la AP-1 Burgos-Armiñón, vía que gestionaba el grupo Itínere y que quedó libre de peaje el 1 de diciembre de 2018.
El fin del cobro es fruto de la decisión que adoptó el Gobierno actualmente en funciones de no prorrogar los contratos de concesión de autopistas de peaje que vencieran, para que reviertan así al Estado y dejaran de cobrar por su uso. La AP-4 Sevilla-Cádiz cuenta con 93,8 kilómetros de longitud por los que actualmente circulan una media de 24.477 conductores al día, si bien esta cifra se eleva a casi 35.000 vehículos en los meses de verano.
El Ministerio de Fomento, deberá encargarse ahora de su mantenimiento, que pasará a depender del erario público. Hasta ahora, lo costeaba Abertis a partir del peaje que cobraba a los usuarios de las vías. No obstante, Fomento no ha podido resolver a tiempo el concurso público que lanzó para seleccionar la empresa a la que encargar estos trabajos de conservación y mantenimiento, estimado en 153 millones de euros para la AP-4 y la AP-7.
Por ello, ha resuelto encomendárselo a través de contratos de emergencia y hasta que se adjudique el contrato original a Sacyr, FCC y API Movilidad. Estas empresas serán también las encargadas de desmontar las playas y casetas de cobro de peaje instaladas en la AP-4 y la AP-7.
Fomento no ha podido resolver el contrato dado que ha sido recurrido por Abertis ante las discrepancias que el grupo y el Ministerio mantienen sobre los trabajadores de la compañía que deben subrogarse en los trabajos de mantenimiento.
El grupo de autopistas ha pactado ya un ERE para 136 trabajadores de las autopistas, el 45,3% de su plantilla total, los ligados a la administración y cobro del peaje. Estas dos nuevas autopistas levantan su peaje y vuelven al Estado mientras aún sigue pendiente el debate que el Ejecutivo ahora en funciones pretendía lanzar para consensuar un modelo de financiación de la red de carreteras, que pasa por sopesar la eventual articulación de una tasa por uso en toda la red de 12.000 autovías del país, una de las más extensas de Europa.
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