Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, dicho operativo da respuesta a demandas de distintos colectivos de acuicultores y mariscadores de la zona que ven afectado su medio de vida por las actividades que practican de forma ilegal mariscadores y pescadores furtivos.
Al mismo tiempo, pretende concienciar a la sociedad sobre el hecho de que el marisqueo es una actividad profesional acogida a un sistema legal de regulación y control sanitario, y de que su recogida al margen de la ley, pone en peligro su desarrollo sostenible y la salud de los consumidores.
De la misma forma se pretende sensibilizar a residentes y visitantes, acerca de que la explotación marisquera y de la acuicultura es una actividad profesional de la que dependen un número considerable de familias. Con gran número de veraneantes en la provincia, desde la Guardia Civil han recordado que «el marisco que se compra fuera de los canales legales establecidos, sin ningún tipo de trazabilidad, no ha pasado por ningún proceso de depuración antes de llegar al consumidor, no garantizándose que proceda de aguas limpias y que se ha tratado guardando la cadena de frío, por lo que su consumo puede ocasionar graves perjuicios para nuestra salud y terminar por estropear nuestras vacaciones».
Como resultado de dichas actuaciones se han formulado un total de 15 denuncias por infracción a la Ley 1/2002, de Pesca Marítima de Andalucía, en su mayoría por ejercer la actividad careciendo de título habilitante, en este caso de carnet de mariscador, y por la pesca sin autorización en instalaciones para el aprovechamiento acuícola, interviniéndose diversas artes ilegales.
El marco de actuación hasta la fecha se ha limitado a la Bahía de Cádiz, con especial incidencia en zonas protegidas de su Parque Natural, por lo que próximamente se extenderán las actuaciones al resto del litoral.
