Una juez de Ceuta investiga a un profesor de un colegio por presuntamente pedir y obtener fotos de sus alumnos desnudos y en poses eróticas, y a quien acusa de delitos de tenencia de pornografía infantil, corrupción de menores, abuso y agresión sexual e inducción a la prostitución de menores.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha dictado un auto de procedimiento abreviado donde constata de forma «indiciaria» que un profesor con décadas de trayectoria en un centro educativo contactó con algunos de sus alumnos cuando eran menores por distintos canales (presencialmente, por Internet o teléfono), según han informado fuentes judiciales.
El contacto se producía para «pedir y obtener» fotos de los chicos «desnudos» y, a veces, en poses eróticas que fue acumulando con el paso del tiempo «para su utilización personal».
La magistrada ha cerrado la instrucción del caso, que se abrió en noviembre del año pasado después de que la familia de un alumno denunciase ante la Guardia Civil el comportamiento del docente, con las iniciales A.D.S..
El profesor fue detenido y después puesto en libertad y en enero pasado el centro en el que trabajaba le apartó de su empleo basándose en una orden de alejamiento de la instructora de la causa.
La magistrada ha dado diez días a la Fiscalía y a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral con calificación de los hechos, el archivo del caso o «excepcionalmente» la práctica de nuevas diligencias.
La resolución judicial apunta que el investigado presuntamente promovió «activamente» el «desarrollo precoz y tendencial de la vida sexual de los menores» hasta con «indicaciones» que fueron «notoriamente» más allá de lo que hubiese sido admisible en «su condición de profesor».
Igualmente considera que pudo realizar «actos concretos de abuso sexual con menores» siendo el posible consentimiento de los mismos «irrelevante jurídicamente» y que incluso reclamó y logró «actos sexuales reales o virtuales mediante contraprestación, bien en metálico, bien en especie (regalos costosos de diversa índole), como refleja «la amplia y completa actividad instructora» desplegada por la Guardia Civil y el referido órgano judicial.
A tal narración de hechos «presuntamente acontecidos» llega la jueza, tras analizar pruebas como fotografías de las víctimas halladas en sus dispositivos electrónicos incautados en registros domiciliarios, conversaciones de WhatsApp con las víctimas encontradas en su móvil, declaraciones y otras diligencias.
Según el auto, el colegio es posible responsable civil para «la restitución, la reparación y la indemnización de los daños y perjuicios físicos, morales y materiales».
