El análisis que realiza FACUA toma como referencia dos modelos: una vivienda con tres habitaciones y un consumo mensual de 10 0 20 metro cúbicos. Los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro pagan prácticamente lo mismo que en 2016 para ambos consumos, con una subida media de apenas un 0.1% para consumos de 10 m3 y del 0.5% para los de 20 m3.
La tarifa del agua varía según la ciudad en la que se reside, de acuerdo al estudio realizado. Las tarifas más elevadas se han detectado en Murcia, Cádiz, Barcelona y Huelva. La variación supone hasta 238,20 euros al año de diferencia para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 13 o 15 mm, entre los 8.58 euros al mes que se pagan en Oviedo y los 28,43 euros que se abonan en Murcia. Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.
Con contadores de 13 mm y un consumo de 10 m3, los importes más elevados encontrados por FACUA han sido los de Murcia (con servicio gestionado por una empresa mixta), con una tarifa de 28,43 euros al mes, Cádiz (empresa pública), 23,75 euros, Barcelona (empresa mixta), 23,16 euros, Palma de Mallorca (empresa pública), 22,50 euros y Huelva (empresa mixta), 22,44 euros.
En el otro extremo se encuentra Oviedo, con un modelo de gestión privado -la aprobación tarifaria depende siempre de los ayuntamientos-, que no ha modificado sus tarifas en el último año, donde independientemente de si el calibre es de 13 o 15 mm, el precio para un consumo de agua de 10 m3 es de 8,58 euros al mes. Oviedo también es la ciudad para un consumo mensual de 20 m3 independientemente del calibre del contador, con una tarifa de 20,11 euros.
Para un consumo de 10 m3 con un contador de 13 mm le siguen Valladolid (gestión privada), 10,82 euros al mes; Zaragoza (gestión pública), con 11,31 euros, Vitoria (empresa pública), 12,06 y Salamanca (gestión privada), 12,49 euros.
La asociación de Consumidores reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa.
