El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha reiterado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este jueves que no se prorrogarán las concesiones de autopistas de peaje que vencerán durante la actual legislatura, entre ellas la AP-4 de Sevilla a Cádiz.
Estas concesiones que, en algunos casos, ya se ampliaron 24 años más de lo previsto inicialmente, son las correspondientes a las autopistas AP-1 Burgos-Armiñón, cuya concesión finaliza el 30 de noviembre; la AP-7 Tarragona-Alicante y la mencionada AP-4 Sevilla-Cádiz, cuyo periodo concesional acaba el 31 de diciembre de 2019.
También ha confirmado que a partir del 1 de diciembre se podrá circular por la AP-1 (Burgos-Armiñón) sin pagar peaje y ha abogado por pactar el futuro de las autovías y autopistas, únicas infraestructuras de transporte que se pretende que sean gratis.
La red de carreteras, incluidas autovías y autopistas, «es la única infraestructura de transporte que se pretende que sea gratuita», cuando por el resto se paga, ha dicho el ministro, quien ha recordado que por el uso de los puertos, los aeropuertos y las vías ferroviarias se pagan distintas tasas o cánones.
Además, salvo en las autopistas de peaje, en el resto de vías no ha habido ninguna contribución por parte de ninguno de los usuarios, «ya no digo los vecinos, si no los turistas o comerciales-camiones-«, que producen un deterioro de la vía y sin reversión alguna, ha aseverado.
«No vamos a prorrogar las concesiones que vencen en la actual legislatura. Serán liberadas y de uso gratuito», ha afirmado Ábalos, quien ha invitado a que, en paralelo, las formaciones políticas reflexionen sobre la sosteniblidad de la red viaria general y en particular de las vías de alta capacidad -autovías y autopistas.-
Para ello, el grupo socialista ha instado a la creación de una subcomisión en el Congreso, ha subrayado Ábalos, quien ha recordado que la red de alta capacidad, que suma 20.000 kilómetros, no ha dejado de crecer, mientras han disminuido los presupuestos para el mantenimiento de las carreteras.
Ha recordado que hay territorios penalizados y territorios sin gravamen, «lo que supone una discriminación», por lo que ha abogado por acordar entre las distintas formaciones políticas un modelo «igualitario» y racional en el que se apueste por su sostenebilidad y alejado de la idea de hacer «proyectos políticos» en torno a un peaje.
